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miércoles, 29 de julio de 2015

Ser mujer en Tanzania


Aquí en Tanzania, como en tantos lugares del mundo, a la mujer le toca ser muy fuerte, dar vida, luchar con todas sus ganas porque ni sabe ni quiere quedarse con los brazos cruzados.


Sostiene a la familia encargándose de la educación y nutrición de los hijos y de los ancianos y desvalidos, hace las labores de la casa (recogida de agua, leña,…), participa en el desarrollo social del poblado, se preocupa de la conservación del medio ambiente y además, por si fuera poco, le toca servir al marido.

Es la responsable de mantener y defender los escasos bienes familiares, cultivando y labrando los campos o atendiendo un pequeño comercio. Ella es la que da rienda suelta a su creatividad para hacer progresar a la familia con distintas actividades y de su buen hacer se espera que sirva para ir eliminando las costumbres y tradiciones negativas (superstición y magia) que frenan, y mucho, el desarrollo.

La familia en Tanzania, en general, está desintegrada. Pocos son los casos en que conviven en la misma casa marido y mujer y cuando lo hacen pocas veces existe una verdadera relación de amor-afectividad. Lo más frecuente es encontrar a la mujer sola a cargo de bastantes hijos, o por ser madre soltera o separada o porque el marido la ha abandonado o se ha ido a buscar trabajo lejos… Muchos niños no conocen a su padre. Con frecuencia viven en casa de la abuela o de algún pariente cercano… En el mejor-peor de los casos la educación de los hijos recae sobre la madre, únicamente.

Sobre la mujer tanzana recaen demasiados partos seguidos. Por desgracia, no existe, en muchos casos, comunicación con el marido. Sobre todo las de las zonas rurales, optan por tener a sus hijos en casa pues casi siempre faltan los servicios más esenciales de salud o son muy pobres. Más de 500.000 mujeres mueren cada año en el mundo por complicaciones durante el embarazo y el parto, el 85% son africanas. 4 de cada 5 hubieran vivido con una buena atención de personal cualificado y con acceso a servicios de urgencia. Una de cada 16 mujeres del África Subsahariana morirá como consecuencia del parto o del embarazo. En los países del primer mundo es sólo una de cada 3800.

Las mujeres en África sufren una fuerte discriminación. Se las considera sujetos de deberes, pero sin apenas derechos. A pesar de todo el trabajo que sacan adelante la mayoría de las veces no toman decisiones, ni siquiera sobre su propia vida. Son los hombres los que deciden si deben tener o no relaciones sexuales, o si deben acudir al médico. Participan muy poco en la política de sus comunidades y, en general, son apartadas de los núcleos de decisión. Todavía siguen soportando grandes injusticias en el tema de las herencias. A todo esto se une que muchas mujeres son analfabetas y la ignorancia las sigue esclavizando.

En este país hay un gran porcentaje de matrimonios de chicas adolescentes. Muchos padres empujan a que se casen tan temprano por la ambición de cobrar una dote muy sustanciosa (cuanto más joven más pueden exigir) pues creen que si lo dejan para más adelante se quedarán embarazadas y no podrán cobrar esa dote. Los mismos padres creen que estando casadas a temprana edad no contraerán el sida. Por esta razón, privan a sus hijas de proseguir sus estudios, manteniéndolas en la ignorancia y así sigue la cadena de sometimiento al hombre, sin posibilidad de liberación. Así se perpetúa la pobreza.

Muchas veces se dice que sobre las espaldas de la mujer camina y avanza África, y es verdad porque ellas son el motor de la vida, del comercio, de la familia; debemos seguir apoyándolas para hacer una África mejor, más digna y más humana. Ellas demuestran día a día que la esperanza es real y cuántas veces logran que la vida triunfe donde parece que siempre tiene las de ganar la muerte.







Fuentes: Índice de Desarrollo Humano 2007. Informe de Manos Unidas “Ser madre en África es heroico”. Apuntes del misionero de la Consolata Daniel Ruiz.
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martes, 28 de julio de 2015

Luchar contra la violencia machista en el cotidiano es:



Dejar de pisar mi voz con la tuya cuando hablo.

Dejar de hablarme como si mi ignorancia sobre el tema fuese condición para imponer tu saber. Como sucede en una consulta médica o en una discusión de pareja, por ejemplo.

Dejar de decirme lo que tengo que hacer.

Dejar de dictarme qué es, según vos, lo que me haría bien. (Sobre todo apelando a una religión que yo no elijo para mí, por homolesbotransfóbica, estigmatizante y patriarcal; en fin, por imponerme ideas y prácticas sobre mi forma de ser y mi cuerpo que no deseo para mí)

Dejar de pensar por mí.

Dejar de interpretar mis sentimientos, mis estados de ánimo, mis emociones. Dejar de interpretarme.

Dejar de ponerme como objeto de tus chistes sexistas.

Dejar de tomarme como objeto de tu placer, sin mi consentimiento.

Dejar de desvalorizar mi participación en reuniones familiares, laborales, sociales, en partidos y organizaciones políticas. Y por lo tanto, dejar de estigmatizar a niñ*s y a jóvenes cuando me tildás de incapaz, inmadur* o subdesarrollad*.

Dejar de menospreciar mi capacidad para producir conocimientos y condiciones materiales de vida. O sea, considerar que mi trabajo vale menos que los que se legitiman a base de mérito, trayectoria o puesto… patriarcales.

Dejar de tratarme como si fuera de tu propiedad. Como si tuvieses derechos sobre mí. Sobre lo que pienso, siento y hago o dejo de hacer con mi vida.

Dejar de comerme la cabeza con mis propias dudas. Dudar es la base de todo ejercicio reflexivo y transformador. Es una invitación al diálogo, al debate, a vivir vínculos respetuosos de las singularidades.

Dejar de operarme con el miedo a cómo vayas a reaccionar si expreso mi opinión sobre algo. O a que tenga que medir cómo me muevo para que no recaiga sobre mí el impacto de tu enojo.

Dejar de operarme con la culpa por no renunciar a lo que deseo, en cada momento, lugar, en cada cosa que hago o decido no hacer.

Dejar de gritarme. A mí o a cualquiera delante de mí. En mi presencia, no se grita más.

Dejar de mandarme a callar cuando te digo que NO. Y mucho menos, actuar como si no hubiese dicho nada.

Dejar de nombrar mi genitalidad en las puteadas. Y dejar de nombrar a la madre, la hermana o la puta como si fueran insultos. Porque cada vez que lo hacés, herís un poco más mi alma.

Dejar de afirmar tu poder de policía, de cura, de maestr*, de gerent*, de patrón o patrona, de jef*, de adult*, de líder político/social haciéndome objeto de tutelaje, y tratarme como si fuese idiota.

Dejar de tratarme como objeto de dominio parándote en el silencio que estoy obligad* a hacer para obtener algo de reconocimiento a mis derechos.

Dejar de operar discursos y prácticas sobre mi cuerpo sin mi consentimiento. Y más bien, poner a mi disposición toda la información y recursos posibles para que yo decida sobre mí. Ya que los costos de mi decisión también son míos. Que el Estado garantice las condiciones sanitarias necesarias para que quien decida hacerse un aborto pueda hacerlo, sería un ejemplo.

Dejar de mirarme y tratarme según los modelos impuestos de la sexualidad normalizada. Esa que comienza asignando un sexo al bebé y de ahí en más a educarl* y tratarl* como nena o nene dándole muñecas o autitos determinando roles y juegos, con formas y modos corporales “aceptables”, vestid*s de celeste o rosa, aprobando la sensibilidad mientreas se deslegitima la de él, valorando las habilidades físicas e intelectuales de él mientras se desestiman las de ella, etc, etc…

Dejar de esperar que actúe y me comporte emocionalmente según esa sexualidad normalizadora que clasifica los cuerpos en “varones” o “mujeres” y dicta cómo debe funcionar y relacionarse entre sí. Invisibilizando otras formas de ser y aparecer y de relacionarse.

Dejar de marcar con discursos y acciones cuáles serán los cuerpos aceptables y deseables, según parámetros morales y hegemónicos de clase, raza y género. De belleza y de salud.

Dejar de dirigirme piropos en la calle, en el trabajo, en la universidad, en todo espacio público si yo no te doy cabida. Porque no soy objeto de tu “imperiosa necesidad de cazar”

Dejar de naturalizar y fogonear las formas prepotentes de la masculinidad dominante que forman parte de las reglas de juego de las relaciones sociales. Incluyendo los llamados “códigos”, generalmente entre varones.

Dejar de evitar asociar la prepotencia en el espacio público con los efectos que produce la violencia de género(s). Si manejando el auto apurás a otr*s, ¿por qué eso no se trasladaría a las formas mínimas de relación dentro de una casa?, por ejemplo. O si en un partido de fútbol a quien no juega como se pretende se lo tilda de puto, marica o negro, ¿por qué eso no se daría en una relación afectiva o laboral en forma de acoso, hostigamiento, estigmatización o criminalización?

Dejar de querer ganar en una conversación. No hay una única verdad. Hay versiones, puntos de vista, hay diversidad de miradas. Según los contextos históricos, según las geografías, según las historias de vida, según la expresión de género, la recreación de identidad, el marcaje de la raza, de la clase. Según la lengua que un* sepa y sienta que nos nombra, nos representa, nos contiene, nos habilita a vivir libremente.

Dejar de presuponerme, de hablar por mí, de decidir por mí. Y más bien, preguntame.

La singularidad resiste a toda captura.
Cualquier otra cosa es violencia.
Y eso en nuestra sociedad patriarcal regida por un estado patriarcal, es violencia machista.
Una forma de violencia que si bien interpela a las masculinidades dominantes sobre todo, pone más precisamente el ojo en ese ejercicio de poder que somete, desaparece y aniquila.

Ceci Galcerán

Gracias a la Red de mujeres RIMA por su valiosa información 
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lunes, 27 de julio de 2015

Grupo Mayor de Mujeres alarmadas por los planes de financiamiento para el desarrollo


Llamado a los gobiernos para que adopten una declaración política fundada en los derechos humanos 


NACIONES UNIDAS —El Grupo Mayor de Mujeres, que representa a más de 600 grupos de mujeres de más de 100 países, está muy decepcionado por el resultado de la Tercera Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo que se llevó a cabo en Addis Abeba, Etiopía, la semana pasada.  El resultado de de la conferencia, la Agenda de acción de Addis Abeba, es el plan mundial para implementar y financiar el desarrollo mundial. Si bien la Agenda de acción es proclamada por muchos gobiernos como un documento fuerte para las mujeres y niñas, no logra abordar las profundas desigualdades en las políticas económicas e instituciones que socavan los derechos humanos y la igualdad de género. 

La Agenda de acción no está alineada con las demandas de los países en desarrollo, y si se simplemente, es probable que no mejora la vida de las mujeres y niñas más pobres del mundo o que facilite el desarrollo sostenible. De hecho, el plan pone en peligro que se logren los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que adoptarán los estados miembros e Naciones Unidas en septiembre. 

Una de las mayores desilusiones giró entorno de la cooperación internacional en materia tributaria; los países desarrollados rechazaron la propuesta de los países en desarrollo de un organismo tributario que pudiera luchar contra las transferencias financieras ilícitas de corporaciones multinacionales y que permitiera a los países pobres incrementar sus ingresos. En la estructura impositiva actual, los países en desarrollo pierden hasta 10 veces más en transferencias financieras ilícitas que la ayuda que reciben. 


Además, la Agenda de Addis Abeba falla en:
Avanzar soluciones para las crisis por la deuda de los países en desarrollo, poniendo en peligro los derechos humanos de las mujeres y niñas que son las que  sufren la carga de las medidas de austeridad y los pagos de la deuda. 
Abordar los desbalances simbólicos en el sistema financiero global o avanzar en el paradigma para una gobernanza económica democrática. Las mujeres continúan absorbiendo y estabilizando los sacudones durante las crisis financieras. 
Regular el rol del sector privado a través de marcos vinculantes que alineen sus acciones con derechos humanos y objetivos de desarrollo sostenibles  y que hagan responsables a las corporaciones por las violaciones a los derechos humanos y la desigualdad de género. 
Garantizar que el comercio y las inversiones no socaven las políticas que intenta defender los derechos humanos y brindar trabajo decente en conformidad con los estándares de internacionales de trabajo. 


 “La nueva agenda de desarrollo mundial se describe como transformadora, pero no podemos esperar cambios si se trata de negocios como siempre”, dijoTessa Khan, abogada de derechos humanos internacional en el Foro de Mujeres, Leyes y Desarrollo de Asia Pacífico. “Lo que se necesita es un sistema económico global equitativo y de desarrollo, que proteja, respete y satisfaga los derechos humanos”. 

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domingo, 26 de julio de 2015

Honduras: Violencia contra la mujer


Manifestaciones de la violencia contra la mujer

9.   La violencia contra la mujer es generalizada y sistemática y afecta a las mujeres y las niñas de numerosas maneras. El miedo, tanto en la esfera pública como privada, y la falta de responsabilidad jurídica por las violaciones de los derechos humanos de las mujeres son la norma general, a pesar de los adelantos legislativos e institucionales.
10. En 2006, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se mostró preocupado por la incidencia de muchas formas de violencia contra la mujer, incluido el abuso sexual contra mujeres y niñas, en particular el abuso incestuoso de niñas, así como la violación, la violencia en el hogar y el feminicidio (CEDAW/C/HON/CO/6, párr. 18).
11. La existencia de estadísticas diversas y discordantes comunicadas por diferentes partes interesadas pone en entredicho la exactitud de los datos recabados.

          A.     Violencia contra la mujer en la familia
12. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2011-2012, el 27% de las mujeres con edades comprendidas entre 15 y 49 años afirmaron haber sufrido violencia física en algún momento de su vida[1]. En 2012, el Observatorio Estadístico del Ministerio Público comunicó que había recibido más de 16.000 denuncias de violencia contra mujeres. Aproximadamente el 74,6% de las denuncias se referían a violencia doméstica y violencia intrafamiliar, por delante de los delitos sexuales, que representaban casi el 20% del total.
13. La violencia doméstica continúa siendo el delito más denunciado en el ámbito nacional. Entre 2009 y 2012, se presentaron 82.547 denuncias por violencia doméstica en los juzgados de letras (tribunales de primera instancia) y los juzgados de paz (tribunales locales que se encargan de casos menos graves) de todo el territorio[2]. Las estadísticas revelan que las mujeres hondureñas se ven afectadas desproporcionadamente por la violencia doméstica: de las 21.170 denuncias tramitadas por los juzgados en 2013, 19.458 (el 92%) fueron presentadas por mujeres, frente a las 1.712 que fueron presentadas por hombres[3]. Las estadísticas proporcionadas por la Fiscalía Especial de la Mujer reflejan un escaso porcentaje de condenas con respecto al gran número de denuncias: entre 2012 y 2014 se registraron 4.992 denuncias, que solo dieron lugar a 134 fallos condenatorios[4].
14. Los feminicidios han aumentado de manera alarmante en los últimos años y fueron señalados como una fuente de preocupación importante por todos los interlocutores. En 2012 se denunciaron 606 feminicidios, lo que representa un promedio de 51 mujeres asesinadas al mes[5]. Según estadísticas preliminares de fuentes oficiales, en 2013 se registraron 629 casos de feminicidios. En ese mismo período, los principales medios de comunicación dieron noticia de un total de 445 muertes violentas de mujeres[6]. Tradicionalmente, la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar eran las principales causas de los feminicidios en Honduras, pero han empezado a surgir otras situaciones de violencia sexual, violencia relacionada con las pandillas y delincuencia organizada. Se estima que 1 de cada 5 feminicidios tiene por causa la violencia doméstica o intrafamiliar, el 7%, la violencia sexual, y el 60%, la delincuencia organizada[7].

           B.     Violencia contra la mujer en la comunidad
15. La violencia contra la mujer en la comunidad puede comprender violaciones y otras formas de agresión y acoso sexuales. Entre 2006 y 2010, el número de denuncias por violencia sexual presentadas a la policía por cada 100.000 habitantes se incrementó de 42,35 en 2006 a 52,65 en 2009[8]. La base de datos en línea del poder judicial indica que entre 2011 y 2013 se registraron 2.850 casos relativos a delitos sexuales, entre otros, violaciones, relaciones sexuales con menores y secuestros[9]. Sin embargo, otras fuentes afirman que, solo en 2013, las denuncias por violencia sexual se cifraron en aproximadamente 2.851[10].
16. El nivel de violencia e inseguridad en Honduras se ve agravado por la actuación de las pandillas. Las niñas que pertenecen a pandillas son violadas y obligadas a llevar drogas y armas. También se las presiona para que mantengan relaciones sexuales en los ritos de iniciación. Se informó a la Relatora Especial de que, con frecuencia, mujeres y niñas de edades comprendidas entre 15 y 34 años son asesinadas como venganza en los ajustes de cuentas entre miembros de las pandillas. Los cadáveres muestran la brutalidad de la que fueron víctimas, incluidos niveles atroces de mutilación y tortura, y también la decapitación para eliminar cualquier rastro de identidad. Esos actos, que suceden con más frecuencia en las zonas urbanas, suelen estar asociados también con secuestros y casos de violencia sexual.
17. La violencia contra los trabajadores sexuales se está recrudeciendo. La comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero también se enfrenta a un incremento de la violencia: la Relatora Especial tuvo conocimiento de que 107 miembros de esa comunidad fueron asesinados entre 1994 y octubre de 2012 en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía, Choluteca, Comayagua, Olancho y El Paraíso[11]. Las lesbianas y otras mujeres que no se ciñen a los cánones heterosexuales suelen ser víctimas de violencia, violación y otras formas de discriminación. En el trabajo se las suele intimidar, acosar o ignorar para los ascensos, e incluso se les puede negar un puesto de trabajo por su forma de vestir[12]. Se puso en conocimiento de la Relatora Especial que existía una tendencia creciente a migrar, en particular entre los trabajadores sexuales transgénero para huir de la discriminación y los abusos de que son víctimas.
18. Las condiciones laborales en las maquilas de las zonas industriales francas (ZIF) del país también constituyen un motivo de preocupación. La industria maquiladora emplea a unas 125.000 personas, de las cuales el 65% son mujeres[13]. La mayor parte del personal está constituido por mujeres jóvenes procedentes de las zonas rurales y con edades comprendidas entre 17 y 25 años. Las mujeres entrevistadas señalaron los siguientes problemas: violaciones recurrentes de sus derechos, en particular agresiones verbales y físicas por parte de sus supervisores, acoso sexual, pruebas obligatorias de embarazo antes de la contratación, despidos improcedentes y discriminación por motivo de embarazo, y denegación de la licencia de maternidad y otras prestaciones sociales.




                     [1]   Honduras, "Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2011-2012: informe resumen", pág. 16.
                     [2]    Liana Funez y Sara Avilés Tomé, "Informe de la consulta de la Estrategia de Seguridad en Centro América, ESCA: informe de Honduras" (2013).
                     [3]   Poder judicial de Honduras, "Boletín estadístico", Juzgados de letras y paz en materia de violencia doméstica, Ingresos por departamento, 2013. Disponible en www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/
Documents/Bolet%C3%ADn%20Estad%C3%ADstico%20A%C3%B1o%202013.pdf.
                     [4]   El Gobierno de Honduras proporcionó estadísticas en su respuesta al proyecto de informe preparado y señaló a la Relatora Especial que en breve se crearía un organismo técnico de investigación penal.
                     [5]   Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), "Boletín especial: violencia contra las mujeres y femicidios en el Distrito Central año 2012", edición especial Nº 12 (junio de 2013) (www.unicef.org/honduras/Mujeres_DC_2012.pdf).
                     [6]   UNAH, "Boletín especial sobre muerte violenta de mujeres", edición especial Nº 17 (enero de 2014).
                     [7]   Mirta Kennedy, "Informe preliminar de la consulta de la ESCA en seis países" (Tegucigalpa, 2014).
                     [8]   Ipas y Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), "Estudio sobre la situación y la calidad de los servicios seleccionados de atención a la violencia sexual en Honduras", diciembre de 2011.
                     [9]   Datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial, "Tribunales de sentencia a nivel nacional, ingresos y resoluciones: delitos contra la libertad sexual y la honestidad cometidos a mujeres, años 2011-2013".
                    [10]   Cálculos del Centro de Derechos de Mujeres, sobre la base de las denuncias presentadas a nivel nacional.
                    [11]   Cattrachas, "Situación de las muertes violentas de la comunidad LGTTBI en Honduras, 1994-2012".
                    [12]   Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer (ADEIM Simbiosis) y otros, La invisibilidad aseguraba el puchero. Lesbianas y discriminación laboral en Colombia, Bolivia, Brasil, Honduras y México (2005).
                    [13]   Jennifer M. Swedish, "The SETISA factory: mandatory pregnancy testing violates the human rights of Honduran maquila workers", Northwestern Journal of International Human Rights, vol. 4, Nº 2 (2005).
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viernes, 24 de julio de 2015

Violencia contra las mujeres en Latinoameríca


La violencia contra las mujeres, como un problema de gran magnitud y graves consecuencias, comienza a ser visibilizada y denunciada en Latinoamérica en la década de los años ochenta, y son las organizaciones de mujeres de la sociedad civil las que inician este movimiento. En 1981, el I Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, celebrado en Colombia, identifica este problema como uno de los prioritarios a enfrentar, y declara el 25 de noviembre Día Internacional por la No Violencia Contra la Mujer. En 1990, en el marco del IV Encuentro Feminista, celebrado en Argentina, se constituye la Red Feminista Latinoamericana y del Caribe Contra la Violencia Doméstica y Sexual. Entre estas dos fechas, las organizaciones de mujeres no solo realizaron campañas de denuncia y sensibilización, y elaboraron propuestas de legislación y políticas públicas, sino que organizaron los primeros programas de atención de mujeres maltratadas de la región.
Las respuestas estatales proliferaron en la década siguiente, combinando iniciativas de diversa índole: servicios de atención, reformas legales, capacitación a funcionarios y funcionarias estatales, campañas de denuncia y sensibilización, comisarías especializadas y refugios. En algunos países se conjugan los esfuerzos de los Estados y la sociedad civil, con acciones o planes conjuntos de corto o mediano plazo.
Tras varias declaraciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) en los años noventa, la comunidad mundial reconoció oficialmente la violencia contra las mujeres como una violación de los Derechos Humanos (Conferencia Mundial de la ONU sobre Derechos Humanos, Viena 1993). En el continente, la OEA aprobó, en 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, conocida como Convención de Belém do Pará.
Esta Convención establece, entre otros, los siguientes compromisos estatales: “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer” “incluir en la legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas que sean del caso”  “adoptar medidas judiciales para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad”· “establecer procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”· “establecer los mecanismo judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.”
Además, los estados partes se comprometen a adoptar en forma progresiva algunas medidas y programas, entre ellos “suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria de la mujer objeto de violencia, por medio de entidades delos sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea el caso, y cuidado y custodia de los menores afectados.”
Los diez países en los que se realizó la investigación de la “Ruta Crítica” se adhirieron a la Convención de Belém do Pará entre diciembre de 1994 y noviembre de 1996. En muchos de ellos ya se habían adoptado políticas de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, y en otros la ratificación de la Convención favoreció suaparición. Sin embargo, el que un país ratifique esta Convención no representa un cambio automático en la vida de las mujeres maltratadas, ni en los recursos de que disponen, pues para ello cada Estado debe aprobar políticas públicas y legislación específica que establezcan normas y procedimientos claros.
Cabe destacar que a pesar de que la Convención de Belém do Pará se refiere a la violencia contra las mujeres, en ningún país de Latinoamérica se ha aprobado legislación específica contra este tipo de agresión, sino contra la violencia intrafamiliar o, a lo sumo, contra la violencia hacia la mujer y la familia. Esto no es producto de un descuido, sino de la resistencia de los sectores políticos nacionales a aceptar la existencia, gravedad y dinámicas propias de las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres.
La existencia de leyes contra la violencia intrafamiliar y no de violencia contra las mujeres tiene diversas consecuencias. En primer lugar, se invisibiliza la violencia contra las mujeres al subsumirla en otra forma de violencia más general, con lo cual en la práctica también se niega su importancia y gravedad. Por otra parte, se coloca como objetivo la defensa de la familia y no la de los derechos humanos de las mujeres afectadas, por lo que éstos son fácilmente sacrificados en aras de la unión familiar.
Finalmente, y lo que es altamente peligroso, los hombres agresores pueden usar las leyes contra las mismas mujeres a las que maltratan, dada la “neutralidad” de género de esas leyes, la mayor apropiación de los hombres de los espacios sociales, en particular, de los espacios judiciales, y la mayor credibilidad que obtienen ellos en esos mismos espacios.
Una muestra explícita de la resistencia a legislar en favor de las mujeres maltratadas se dio en Costa Rica. En este país las y los legisladores argumentaron que sería inconstitucional aprobar una ley que solo cubriera a las mujeres y no a los hombres, aunque nunca encontraron este problema al ratificar la Convención de Belém do Pará.
Las organizaciones y mujeres que habían elaborado la propuesta inicial lograron al menos incluir en el artículo primero lo siguiente: “Los jueces deberán procurar que los agresores no utilicen contra las víctimas la presente ley...”. En la práctica, sin embargo, no se ha logrado evitar totalmente que esto ocurra.
Al momento de realizarse las investigaciones de la “Ruta Crítica”, ocho de los diez países habían aprobado leyes específicas sobre violencia doméstica o intrafamiliar; solo faltaba que lo hicieran Honduras (que la aprobó posteriormente, en 1997) y Guatemala. El que estas leyes sean instrumentos más o menos eficaces para las mujeres afectadas depende de sus características, así como del ambiente institucional en el que son aplicadas.
Como señala la Convención de Belém do Pará, las mujeres maltratadas tienen derecho a contar con leyes que sancionen la agresión, que las protejan a través de medidas cautelares, y que les aseguren resarcimiento, reparación o compensación del daño.Esta situación no se daba, ni se da, en ninguno de los países bajo estudio. Solo en cinco de ellos (Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador y Ecuador) las leyes específicas sancionan la agresión. Solo en siete (Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador, Belice, Costa Rica y Ecuador) estas leyes proveen medidas cautelares para las mujeres maltratadas. Y en ninguna se contempla la reparación o compensación del daño.
Un avance importante es que las leyes específicas reconocen la violencia psicológica, además de la física y la sexual, que fueron las tradicionalmente consideradas en la legislación. En Costa Rica, además, se reconoce la violencia patrimonial, una forma de agresión muy frecuente y que por tal motivo fue incluida en esta investigación.
Sin embargo, al momento de denunciar algunas de estas expresiones de la violencia se encuentran grandes limitaciones, ya que no todas sus posibles manifestaciones están tipificadas, lo cual tiene que ver, fundamentalmente, con los principios y valores que las leyes protegen. Así, en El Salvador, no es posible que una mujer denuncie a su esposo por violación; tampoco en Nicaragua, donde el Código Civil habla del “débito conyugal” que existe en el matrimonio. En estos países, la legislación antepone la familia y los deberes matrimoniales a los derechos humanos de las personas involucradas.
Por otra parte, no todos los países abordan con la misma orientación un mismo delito. Así, en Costa Rica, la denuncia por incumplimiento de los deberes alimentarios para con las hijas, hijos o compañera conduce a la privación de libertad, si la persona interesada firma una orden de apremio y en tanto no haya un arreglo satisfactorio para ésta. En Honduras, por el contrario, la persona apresada por incumplimiento de deberes alimentarios puede recurrir al pago de una fianza y quedar libre.
Se ha señalado frecuentemente que las leyes, sus lógicas y procedimientos, no son adecuados para el reconocimiento y abordaje de la violencia contra las mujeres, y los códigos penales, en particular, presentan obstáculos considerables. En el ámbito de lo penal, la agresión ha sido reconocida tradicionalmente solo en la medida en que produce daños, a través de los delitos de “lesiones”, es decir, a través de los resultados
observables que produce. La violencia física de parte de una pareja no siempre produce lesiones visibles, y no por eso deja de ser violencia. O no produce daños tan graves, según la escala dada por las medicaturas forenses, como para que deba ser considerado un delito, por lo cual queda tipificado como una simple falta o contravención. Hasta el momento, ni los códigos penales ni las nuevas leyes específicas sobre violencia intrafamiliar, sancionan la agresión, sino el resultado observable de ésta, lo que representa una gran limitación para las mujeres maltratadas que quieren recurrir a los tribunales de justicia.
En el caso de la violencia psicológica, este enfoque de las leyes penales añade un riesgo a la hora de medir y probar “la lesión”. Sin duda, toda forma de violencia produce sufrimiento psicológico y afectación emocional, pero ¿qué se necesita para probar una lesión psicológica grave o gravísima? Según la lógica de la prueba que se sigue en casos de violencia física, se necesitaría un diagnóstico psicológico o psiquiátrico que señalase alguna patología o daño en este campo. De nuevo, este tipo de diagnósticos no estaría probando la existencia de la agresión, sino de un posible resultado, que afortunadamente no es el más común.Pareciera que el sistema castiga a las mujeres que no desarrollan patologías psiquiátricas, que no enloquecen en alguna manera, pues no pueden recurrir a los tribunales para que se sancione a su agresor. El resultado es la impunidad de los agresores psicológicos. Por otra parte, el que a una mujer se le diagnostique alguna patología mental puede tener consecuencias peligrosas, como la pérdida de derechos sobre sus propiedades, de la custodia de sus hijas e hijos, o de credibilidad frente a los tribunales. En definitiva, el esquema de delito de lesiones no es el adecuado para abordar los problemas de violencia contra las mujeres y, hasta el momento de realizarse esta investigación, en ningún país la legislación proporcionaba opciones diferentes.
Por otra parte, en algunas legislaciones, como la de Ecuador, se le da potestad a los jueces y juezas para ordenar terapia psicológica para las mujeres maltratadas, al igual que pueden ordenarla para los agresores. Esta medida, que nace como una forma de ampliar los servicios de atención para las mujeres maltratadas tiene, sin embargo, consecuencias indeseables: coloca en el mismo plano a las mujeres y a sus agresores, no respeta las decisiones de las mujeres maltratadas, y conlleva los mismos riesgos de revictimización que antes se señalaron, pues ubica a las mujeres maltratadas entre quienes necesitan algún tratamiento psicológico.
A pesar de los problemas mencionados, la existencia de leyes sobre violencia intrafamiliar, aun cuando no sean específicamente de violencia contra las mujeres, representan un avance importante para Latinoamérica. Constituyen instrumentos, aunque limitados, para acceder a la Justicia, ya sea sancionando en alguna forma la agresión o proporcionando protección a las mujeres y a otras personas maltratadas. Sin embargo, la aprobación de estas leyes no ha ido acompañada de los cambios necesariosen otras leyes o en otros aspectos de la administración de justicia, lo que en ocasiones, y en la práctica, llega a amenazar su utilidad.
En muchos de los países incluidos en esta investigación (Guatemala, Perú, El Salvador, Honduras) existen juzgados de Paz que tienen como objetivo restaurar la paz mediante conciliaciones y arreglos, sin necesidad de llegar a procesos penales. En estos países, los casos de violencia contra las mujeres pasan por esta vía, con lo cual se ejerce una gran presión sobre ellas para que acepten una reconciliación con sus agresores. Esto es revictimizante, ya que pone a las mujeres en riesgo de una nueva agresión, y las coloca como las intransigentes y culpables de las rupturas familiares cuando no aceptan la reconciliación. Además, impide que las mujeres ejerzan su derecho a la justicia y a que la agresión que recibieron sea sancionada. Igualmente, favorece la impunidad de la violencia y del agresor.
En El Salvador, donde no hay Juzgado de Primera Instancia, los casos de violencia intrafamiliar son resueltos entre el Juzgado de Paz y la policía, y en el Juzgado de Paz lo que se busca es la reconciliación. Esto limita los recursos de las mujeres maltratadas de comunidades rurales, para quienes es prácticamente imposible lograr un proceso penal contra el agresor. Representa, además, una discriminación contra algunas mujeres, pues la zona donde viven determina la existencia o no de opciones procesales a las que todas tienen derecho.
En algunos países, la presión que se ejerce sobre las mujeres maltratadas para que se reconcilien está mandada por Ley y, en otros, determinada por la simple costumbre.
Esto último es tan fuerte en las sociedades estudiadas, que incluso cuando no existenlas figuras de Juzgado de Paz, aun cuando los jueces y juezas no tienen potestad para conciliar, tratan de hacerlo “extrajudicialmente”. En Bolivia, las investigadoras reportan que un juez entrevistado “indica que la mayor parte de los casos de violencia intrafamiliar que le ha tocado atender han sido solucionados por la vía transaccional...”. (Informe de Bolivia, pág. 45) En este mismo país se han constituido los Servicios Legales Integrados, que “tienen por objeto el asesoramiento legal de tipo conciliatorio a personas con problemas de violencia intrafamiliar.” (Informe de Bolivia, pág. 43)
En la mayoría de los países incluidos en la investigación (Perú, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Bolivia, Ecuador), las leyes prevén algún espacio de conciliación, ya sea en los procesos penales o en los cautelares. En ninguno hay garantía de que una denuncia penal por agresión contra una mujer sea aceptada como tal y que el proceso llegue a su término sin desviarse hacia otros “arreglos”. Esto frustra las intenciones de las mujeres, quienes en ocasiones tienen que hacer grandes
esfuerzos para tomar la decisión de denunciar y acudir a los espacios judiciales para hacerlo, arriesgándose a las reacciones violentas del agresor.
Sin embargo, hay un elemento positivo en el hecho de que los agresores sean llamados ante un juez o jueza, cuando estas figuras de autoridad les señalan claramente lo incorrecto e inaceptable de la agresión que ejercen, y les advierten que serán sancionados si siguen maltratando. Como señalan las investigadoras de Ecuador: “la audiencia de conciliación permite que la mujer experimente la pérdida de poder del agresor, cuyo poder hasta ese instante no ha sido tocado.” (Informe de Ecuador, pág.70)
Las tendencias familistas, que consideran como centro de interés y análisis a la familia, y tienen como objetivo y valor fundamental su unidad, incluso por encima de la integridad de los individuos y en particular de las mujeres, no son privativas de las instancias judiciales. Estas tendencias, que supeditan los Derechos Humanos de las Mujeres, también son sustentadas por los cuerpos policiales. La ausencia de protocolos de intervención abre campo a actuaciones arbitrarias de parte de las instituciones y los funcionarios o funcionarias, lo cual arriesga la aplicación adecuada de las leyes y
normas favorables para las mujeres maltratadas.
En definitiva, la aprobación de leyes contra la violencia intrafamiliar no garantiza por sí misma la calidad y adecuación de estos instrumentos a las necesidades de las mujeres maltratadas y al cumplimiento de sus derechos. En este campo, se hace necesaria una revisión permanente de los recursos existentes, no solo de su normativa y procedimientos, sino también de la forma en que operan e inciden en la vida concreta y cotidiana de quienes deben usarlos.
Más allá de los cambios experimentados en cuanto a legislación, los Estados de los países incluidos en este estudio han desarrollado otras iniciativas para abordar la violencia intrafamiliar, algunas de ellas muy novedosas. Tal es el caso de las comisarías de la Mujer y la Familia de Ecuador, que son entes judiciales. Estas comisarías se constituyeron en 1994 como espacios mixtos del Estado y la sociedad civil, en los cuales se ha aprovechado la experiencia de las ONG de mujeres en el campo de la violencia para que acompañen los procesos que se desarrollan en estas instituciones.
En estas comisarías las mujeres cuentan con equipos interdisciplinarios que las pueden apoyar y orientar, y con un equipo judicial encabezado por una Comisaria mujer,nombrada de una terna propuesta por el movimiento de mujeres.
En Nicaragua, las comisarías de la Mujer, constituidas en 1994, precedieron a la Ley 230, que penaliza la violencia intrafamiliar y prevé medidas de protección para las personas maltratadas. En este país, las comisarías son instancias policiales con competencia para recabar prueba y presentar el caso ante el Juzgado Penal. En Nicaragua, garantizar un espacio adecuado para las mujeres en las comisarías implicó un compromiso y acompañamiento permanente de las organizaciones de mujeres contra la violencia, y un empeño de parte del Instituto Nacional de la Mujer (INIM), así como de algunas funcionarias y funcionarios policiales y judiciales, para liberar estos procesos de los engorrosos trámites en los que el tiempo obra en contra de las denunciantes. En efecto, lograron aunar esfuerzos para agilizar los procesos, evitarle a las mujeres gastos indeseables, y presentar buenos casos ante los Tribunales.
Para algunos países centroamericanos, salientes de guerras, la creación de estas instancias se inscribió en las nuevas visiones y propuestas sobre seguridad pública, seguridad ciudadana, y responsabilidades y actuaciones de los Estados, que emanaron de los acuerdos de paz. Sin embargo, no siempre estas nuevas entidades, o la renovación de las viejas, han contado con la credibilidad de la población, que frecuentemente las siguen viendo como instrumentos de corrupción y represión.
En Guatemala, la estación de policía de la comunidad donde se desarrolló el estudio fue quemada tres veces en los dos años previos. El problema de la corrupción también ha sido señalado en muchos de los otros países (Ecuador, Bolivia, Perú). Sin duda, la credibilidad de las instancias policiales y judiciales es muy diferente en cada país. Lo es también el papel que tanto las mujeres como el resto de los agentes sociales les pueden adjudicar como instrumentos más o menos válidos para garantizar la protección y la justicia frente al maltrato.
En el resto de los diez países no se contaba, al momento de realizarse la investigación, con ese tipo de comisarías, salvo en Costa Rica. Sin embargo, la Delegación de la Mujer de este país, aunque se constituyó por decreto en 1990 como un espacio policial especializado, prácticamente nunca jugó este papel, pues fue perdiendo potestades.
Cuando se recogieron los datos para este estudio, la Delegación de la Mujer era una oficina sin funciones policiales ni judiciales, por lo que se limitaba a ofrecer información a las afectadas y operar como intermediaria en algunos procesos legales.
En todos los países incluidos en esta investigación, los estados han desarrollado alguna iniciativa para enfrentar la violencia intrafamiliar. Aun en Guatemala, donde no se contó con una ley específica ni con comisarías, la Procuraduría estableció una Unidad de Derechos de la Mujer y el Ministerio Público una Oficina de Atención de la Violencia. En Honduras, que en ese momento también carecía de legislación específica, el Ministerio Público creó, en 1995, la Fiscalía de la Mujer, con el objetivo de brindarles apoyo legal

En muchos de los países incluidos en este estudio, el movimiento de mujeres ha sido un permanente motor de cambio, al demandar estas y otras transformaciones. En Nicaragua, se contaba en ese momento con al menos 94 grupos de mujeres trabajando en violencia y con una red nacional de gran cobertura y dinamismo. En Belice, la organización Women Against Violence ha desarrollado, desde 1986, una intensa tarea, tanto de atención y apoyo de mujeres como de incidencia en las políticas públicas y en la legislación de ese país. En Ecuador, el movimiento de mujeres, junto con la gubernamental Dirección Nacional de la Mujer (DINAMU), dan prioridad a la violencia contra las mujeres en su trabajo y, conjuntamente, lograron, en 1994, la ley y la conformación de las comisarías.
El período en que se realizaron las investigaciones nacionales de la “Ruta Crítica” coincide con una creciente preocupación en Latinoamérica tanto de parte de los estados como de las organizaciones de mujeres, por hacer avances concretos en el campo de la violencia contra las mujeres. La tendencia de ambos sectores a aunar esfuerzos se hace sentir en casi todos los países incluidos en este estudio.
Se han producido modificaciones legales desde la elaboración de este documento pero es muy valioso para seguir creciendo sin victimizar a las mujeres 

http://www1.paho.org/Spanish/AD/GE/rutacritica.pdf
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miércoles, 22 de julio de 2015

NOS MATAN POR SER MUJERES


Los asesinatos de mujeres por violencia machista hacen necesario un llamamiento a toda la sociedad en su conjunto con el fin de visibilizar esta realidad y luchar contra ella. Desde el movimiento feminista se vienen convocando concentraciones y manifestaciones en diferentes puntos del Estado español para denunciar públicamente las “cifras” y exigir respuestas de las instituciones y los distintos sectores implicados. En Madrid, está prevista una concentración en la Puerta del Sol, el próximo sábado 25 de julio a las 19,30 horas.


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lunes, 20 de julio de 2015

Bolivia mal lugar para ser madre







Rosalía Mamani tiene un rencor en la mirada que asusta. Aunque trata de disimularlo, la joven de 23 años está dolida hasta en el alma y lo demuestra retorciendo con rabia los flecos de su manta amarilla. Le cuesta hablar. No le gusta recordar ese día, pero le pido que haga un esfuerzo, mientras le sirvo una taza más de mate de manzanilla. “Mi tía me ha dicho que te cuente, que estás haciendo trabajo sobre esto, no sé si sirve, yo me he quejado, mi marido se ha quejado, hasta mi mamá se ha quejado, mi suegra, pero nadie nos ha escuchado.” Rosalía y su marido, Mario, estaban esperando su primer hijo para enero. El como albañil, y ella como trabajadora del hogar, viviendo en la zona de El Carmen de La Paz, habían logrado reunir unos cuantos ahorros parte de los que gastaron en una cuna que compraron en la Feria 16 de Julio, en El Alto, y que Mario pintó de verde, porque no sabían qué iba a ser su primera wawa, aunque ella quería que sea un niño, y ya tenía hasta el nombre: Jonatan.
Rosalía estuvo yendo a sus controles médicos en el Hospital Materno Infantil cada vez con menos ganas, “me tratan mal” le decía a su marido, “tengo que esperar desde las cinco de la mañana hasta mediodía a veces” se quejaba. Pero debía ir. El Materno Infantil era la única opción que la pareja tenía para atender la gestación de Rosalía, como ocurre con tantas mujeres que usan el servicio público de salud en las zonas urbanas y periurbanas.
A fin de diciembre Rosalia dejó de trabajar porque su barriga ya estaba muy grande y la señora a la que ayudaba le dijo que tenía que descansar. El bebé iba a nacer a principios de enero. “Va a ser un farrista si nace a principio de año”, le decían sus amigas, “o por ahí es una niña y le van a gustar las fiestas”, bromeaban con el nervioso padre, sus amigos.
Todo estaba preparado, el maletín que iba a llevar Rosalia al hospital con la ropita amarilla que su suegra había escogido, con los pañales, el biberón “pero va a agarrar bien el pecho”, aseguraba la madre de Rosalía, “no es necesario” repetía con el conocimiento de ser madre de siete hijos. La señora Margarita Vilca no estaba de acuerdo con que su hija Rosalía vaya al hospital, y siempre le contaba que era mejor que la atendiera una partera, en la casa, con la ayuda de sus familiares, como hizo ella cuando nacieron sus hijos. Pero Rosalía se negó desde el principio y quiso que su bebé naciera en un hospital, con todos los cuidados que pensó les iban a dar a los dos.
El 4 de enero a las 20.00 Rosalía comenzó a sentir un dolor intenso en la columna, que aguantó hasta las 22.00, hora en la que su marido salió a la calle y volvió con un taxi que los llevó hasta el hospital. Cuando llegaron, pese a que Rosalía se doblaba, la enfermera les hizo una seña para que esperaran en el pasillo de ginecología. Hacía frío, pero Rosalía transpiraba debajo de su manta y se la quitó de encima. “Te vas a resfriar”, le dijo Mario. “Siento que me voy a morir”, le contestó ella.
Luego de más de una hora apareció el interno, un joven con cara de sueño que gritó “Mamani” y que sin saludar la metió a un consultorio, le apretó la barriga, le hizo un tacto bastante torpe y le dijo que faltaba todavía para el nacimiento. “Doctor, siento que se me está saliendo”, le dijo ella. “Es pues normal, vas a parir, pero aún no es tiempo”, le contestó él. “Es que doctor, no me aguanto”, rogó Rosalía. “Aguántate nomás, no soy mago, no hay otra, y te vas a bañar antes de volver”, le dijo el interno con cara de asco.
Ni Rosalía ni Mario se acuerdan el nombre del médico, y tampoco lo preguntaron luego de la tragedia. Nunca pensaron en hacer una demanda formal, sólo se quejaron a una señora de la administración que les cerró la ventanilla en la cara.
Para hacer la historia corta, Rosalía parió sola en su casa porque no le dio tiempo de volver al hospital de donde la habían devuelto.
Ni bien cruzaron la puerta, un río de sangre comenzó a bajar por las piernas de la mujer, y Mario, sólo, no tenía ni idea qué hacer. “El pobre no ha servido de mucho, sólo me ha pasado una toalla y daba vueltas a mi alrededor”, recuerda Rosalía. El bebé, un hombrecito, tenía el cordón amarrado al cuello, y en lo que el padre corría buscando ayuda, falleció. La madre se quedó sola durante los minutos más largos de su vida con el bebé muerto colgando de las entrañas sin poder hacer nada. “Luego me dormí de golpe”, recuerda. Rosalía sufrió una hemorragia que la tuvo internada 10 días y que les costó el resto de todos sus ahorros. No se murió por milagro, dice, pero a veces le hubiera gustado morirse con Jonatan.
Ha pasado un año y todavía no sabe si podrá ser madre de nuevo porque le tiene casi tanto miedo a embarazarse como a ir al médico. “No vuelvo al hospital. Mi próximo hijo lo tendré con partera”, se jura a sí misma.
Esta historia, que se repite en otras ciudades de Bolivia, con diferentes protagonistas y en otras circunstancias, resume de alguna manera el por qué Bolivia está situada en el penúltimo lugar de la región para ser madre (número 93 de 176 países) en el reciente informe de la organización “Save The Children”, que aborda sobre todo la maternidad y la situación de la infancia en las zonas urbanas.
El documento "El estado mundial de las madres 2015: La desventaja urbana" señala que Haití aparece entre los diez peores países del mundo para ser madre junto a Sierra Leona, Guinea Bissau, Chad, Coste d'Ivoire, Gambia, Níger, Mali, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Somalia, en el último lugar, y que en la región Argentina es el mejor país para ser madre (36), le sigue Chile (51), Venezuela (65), Ecuador (71), Perú (73), Brasil (78), Colombia (83), Bolivia (93) y Paraguay (114). ¿Los mejores países? Noruega, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Suecia, Holanda, España, Alemania, Australia y Bélgica.

¿POR QUÉ BOLIVIA?
Para hacer este diagnóstico, el informe se ha centrado en cinco indicadores: el riesgo vitalicio de muerte materna; el bienestar de los niños, el cual se mide por la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años; la situación educativa, la cual se mide por la expectativa de años de educación escolar formal de los niños; la situación económica, la cual se mide por el ingreso nacional bruto per cápita; y la situación política, la cual se mide por la participación de las mujeres en el gobierno nacional.
El informe no aborda la dramática situación en la que viven las mujeres indígenas y campesinas, sino de aquellas que habitan en las urbes, en las periferias de las ciudades que cada día, por distintos motivos, reciben miles de migrantes de las áreas rurales. Es importante conocer que más de la mitad de la población mundial vive ahora en ciudades y que una creciente proporción de muertes infantiles ocurren en estas áreas.
Aunque las personas más ricas y saludables de un país viven en las ciudades, éstas también son hogar de algunas de las familias más pobres y marginadas del planeta. Por lo tanto, aquellos países donde la planificación de salud y educación no están bien estructuradas (ni en la ciudad ni en el campo), no ofrecen servicios de calidad ni con calidez para sus habitantes. Y esto pasa en Bolivia, que figura entre los 10 países que podrían salvar la vida de la mayoría de recién nacidos y sus madres mediante el cierre de la brecha de equidad, y que es parte de las naciones que lograron políticas para brindar atención médica gratuita durante el parto, pero que aún no son suficientes. Las cifras aseguran que el 78% de la población boliviana que migra es menor de 35 años y que Oruro, Chuquisaca, Potosí y Beni son los departamentos que más migrantes tienen a nivel interno. La mayoría prefieren las ciudades de Santa Cruz, Tarija y Cochabamba, mientras que en el extranjero hay más paceños, cochabambinos y cruceños.
Bolivia está junto a Camboya, India, Marruecos, Mozambique y Filipinas como los países donde los casos “son especialmente dramáticos” porque la vida de los recién nacidos y de las madres podrían salvarse si tuvieran acceso a los servicios que ya ofrecen los países en vías de desarrollo.
Beat Rohr, director regional de “Save the Children” en América Latina y el Caribe explica que "por primera vez en la historia, más de 50% de las muertes infantiles de niños y niñas menores de 5 años en América Latina y el Caribe ocurren en las zonas urbanas, comparado con un 30% en África y Asia. Cada vez a más gente les atrae vivir en las ciudades, pero muchas ciudades no son capaces de mantenerse a la par de la velocidad vertiginosa de crecimiento urbano, dejando a cientos de millones de madres y niños y niñas viviendo en barrios pobres sin acceso a los servicios básicos de salud y el agua limpia que necesitan para sobrevivir y mantenerse sanos".
En el mundo, la mayor causa de muerte en la gestación o parto son, después de las complicaciones por enfermedades preexistentes, las hemorragias, seguidas de la toxemia (hipertensión del embarazo), muy relacionada con la nutrición.

CLAVES Y SOLUCIONES
Muchos países han conseguido un progreso importante en la reducción de las tasas generales de mortalidad infantil, incluso entre los niños y niñas de las zonas urbanas más pobres. No obstante, a menudo el progreso no elimina las disparidades, y algunas veces las profundiza. En la mitad de los países, las brechas de supervivencia urbana han aumentado. En todos, excepto uno de los países analizados, existen brechas significativas entre niños urbanos ricos y pobres.
El informe de “Save the Children”, Puntuación de las Brechas en la Supervivencia de Niños Urbanos, examinó las tasas de mortalidad de los niños urbanos más ricos y más pobres y encontró que en la mayoría de los países los niños urbanos más pobres tienen el doble de probabilidades de morir que los niños urbanos ricos antes de alcanzar su quinto cumpleaños.
La Clasificación de la Equidad en el Cuidado de la Salud Urbana de “Save the Children”, indica cómo el acceso a, y el uso de, servicios de salud difiere entre las madres y niños más pobres y las más pobres en 22 ciudades. Esta clasificación también incluye una comparación de las tasas de desnutrición infantil (desmedro) entre ricos y pobres en estas mismas ciudades. La clasificación identifica grandes disparidades en el acceso a cuidado prenatal y atención profesional durante el parto.
Las altas tasas de mortalidad infantil en asentamientos informales son provocadas por una serie de factores, incluyendo las inequidades sociales y económicas: Aunque las instalaciones de salud del sector privado son más abundantes en zonas urbanas, los pobres que viven en ciudades a menudo no cuentan con la capacidad de pagar por servicios de salud, y pueden enfrentar discriminación o incluso abuso cuando buscan estos servicios. Tal cual le sucedió a Rosalía.
Los sistemas de salud del sector público regularmente cuentan con financiamiento insuficiente y a menudo fallan en alcanzar a aquellos que tienen mayor necesidad de servicios básicos de salud. En muchos casos, los pobres recurren a buscar atención de trabajadores de salud no calificados, a menudo pagando por servicios de baja calidad o, en algunos casos, perjudiciales.
El hacinamiento, la poca higiene y la inseguridad alimentaria hacen que las madres y los niños pobres sean aún más vulnerables a la mala salud.
“Save the Children” describe seis ciudades que han hecho buenos progresos en salvar la vida de niños pobres a pesar de un crecimiento significativo de la población. Las ciudades son Adís Abeba (Etiopía), El Cairo (Egipto), Manila (Filipinas), Kampala (Uganda), Ciudad de Guatemala (Guatemala) y Nom Pen (Camboya). Estas ciudades han logrado éxitos a través de una variedad de estrategias para ampliar el acceso a servicios de impacto, fortalecer los servicios de salud, bajar los costos, aumentar la conciencia sobre la salud y hacer los servicios de salud más accesibles para los más residentes urbanos más pobres.
El estudio de estas ciudades otorga una amplia gama de ejemplos, pero entre las estrategias usadas de manera más sistemática están: 1) Mejor cuidado para las madres y bebés antes, durante y después del parto; 2) Mayor uso de métodos modernos de anticoncepción para prevenir o posponer el embarazo; y 3) Estrategias efectivas para brindar servicios gratuitos o subsidiados de salud de calidad para los pobres.

LEJOS DE LOS ODM
Los escasos recursos en todos los ámbitos, la higiene minimizada, el aumento constante de embarazos en niñas y la falta de medidas de salubridad son una constante que tiende a repetirse en países latinoamericanos, lo que también representa brechas que ponen en peligro el desarrollo de muchos jóvenes y niños, y además el de sus madres.
Ninguno de los países de América Latina y el Caribe va a cumplir el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir en un 75 por ciento la mortalidad materna para 2015. Así lo asegura Jorge Parra, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) para Colombia. A ese pronóstico Parra, quien antes desempeñó el mismo cargo en Ecuador y ejerció veinte años como ginecólogo en su natal Perú, le agregó una cifra desoladora: en América Latina y el Caribe el embarazo adolescente no ha disminuido en los últimos 15 años.
Según cifras de UNFPA, once países de América Latina han logrado avances significativos en la reducción de las muertes relacionadas con complicaciones en el embarazo y el parto desde 1990, pero todos están lejos de cumplir con el quinto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
El país que más se acerca al 75 por ciento es Colombia (69,3) seguido de Perú (64 por ciento), Bolivia y Honduras (61 por ciento cada uno), República Dominicana (57 por ciento), Barbados (56 por ciento), Guatemala (49 por ciento), Ecuador (44 por ciento), Brasil y Haití (43 por ciento), El Salvador (39 por ciento) y Nicaragua (38 por ciento).
Según Parra, en el año 2000, cuando se fijaron los objetivos de desarrollo para 2015, cada año morían en el mundo unas 530.000 mujeres durante el embarazo o el parto y actualmente son aproximadamente 270.000. (Con datos de WHO, OMS, UNFPA, Save The Children. SER MUJER EN BOLIVIA Y MORIR EN EL INTENTO
Rosario Baptista (*)

Está comprobado que el ser mujer, y mucho más el ser madre, constituyen una situación de alto riesgo en Bolivia. La poca valoración a la vida de las mujeres por parte del Estado se traduce en una altísima mortalidad materna, y en una igualmente alta mortalidad infantil, sin que eso conmueva en lo más mínimo a quienes son responsables de las políticas públicas, de la asignación de presupuestos suficientes, de la formación de profesionales de salud, de quienes los contratan para la atención de los servicios públicos y menos aún a las personas que son responsables del contacto directo en la atención a cada mujer.
El asunto es peor aún. En los servicios públicos de salud, como siempre salvando honrosas excepciones, si hay una doctora, un doctor, una enfermera, una persona de los servicios de salud que trate de forma humana a una mujer que llega con una hemorragia a un hospital, o que esté dispuesta a revisar sus protocolos de atención para humanizarlos, o atienda un parto respetando los deseos de la mujer respecto a la forma de dar a luz, será declarada persona “non grata” para el gremio de salud, y será obligada a ‘volver al redil’ bajo amenaza de ver destruida su carrera profesional.
Este no es un tema irrelevante, nuestra vida depende de ello. Es por eso que el derecho humano, constitucionalmente reconocido de acceder a los servicios de salud, cuya garantía es de responsabilidad estatal, debiera constituir la principal preocupación de quienes gobiernan, legislan y garantizan judicialmente nuestros derechos. Pero al contrario, son las personas más indiferentes respecto a este tema, peor aún, quienes contribuyen a que esta realidad lejos de cambiar, sea cada vez peor.
La Constitución Política del Estado reconoce a la salud como un derecho fundamental, cuyo ejercicio debe estar garantizado a través de políticas públicas en todos los niveles de gobierno (Art. 18); constituye uno de los fines y funciones esenciales del Estado (Art. 9), es un derecho específicamente reconocido a las naciones y pueblos indígena originario campesinos cuya cosmovisión y prácticas tradicionales deben ser respetadas (Art. 30), y son derechos íntimamente ligados al derecho de acceder a agua segura (Art. 20) y a la seguridad alimentaria (Art. 16).
Pero además, de acuerdo al imperativo constitucional, el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en su función suprema y primera responsabilidad financiera, en cuya virtud debe priorizar la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades (Art. 37). Sin embargo, todo es más importante que la salud y la vida de las mujeres. En efecto, si vemos el Presupuesto General del Estado, son otros los sectores que merecen mucha más atención: Defensa (armamento, soldados, salarios elevadísimos para la jerarquía militar, recintos militares que no están precisamente en las fronteras), infraestructura (teleférico, carreteras, estadios, campos deportivos, o lo que electoralmente se ofrezca), propaganda para posicionar su propia imagen, las poco rentables empresas estatales, el Dakar o la parafernalia internacional para hacer famoso al que gobierna (G77, viajes, aviones, autos blindados, seguridad personal).
Es por estas contradicciones de un Estado que ya no se considera neoliberal ni capitalista, que las mujeres sentimos que cada una de nosotras que muere por causas que se pueden prevenir, cada niña, cada niño que muere antes de los 5 años, constituye un asesinato estatal, es una muerte provocada por quienes gobiernan, en este caso por omisión o por acciones absolutamente alejadas de lo que la Constitución determina.
El problema es que se siguen presentando cifras, datos estadísticos, lamentos sobre lo mal que nos va en el país viendo los indicadores sociales, que están cada vez peor, pero no hay ninguna reacción de la población ni del Órgano Judicial ni del Ministerio Público, que debieran cumplir su labor persiguiendo y sancionando a quienes cometen delitos por acción u omisión, como la ley manda.
El discurso constitucional (que es sólo eso, un discurso al menos por ahora) que declara (no reconoce, por ahora) que todas las personas tenemos el derecho a la salud, que el Estado nos garantiza a todas las personas la inclusión y el acceso a los servicios de salud, sin exclusión ni discriminación, que el sistema único de salud es universal, gratuito, equitativo, inter e intracultural, participativo, con calidad, etc., es para la mayor parte de las mujeres del país una quimera imposible de alcanzar, un discurso que, por los resultados, es de muy mal gusto por cierto.
Y es por eso que ya va siendo hora de empezar a ver a los responsables de que esto sea así, lejos de la soberbia de quien va señalando con el dedo, es importante fijarse en quienes tienen en sus manos la responsabilidad, la oportunidad, la posibilidad y la obligación de hacer un cambio en la vida de las personas (o en este caso, de evitar la muerte de las mujeres, las niñas y niños).
Es necesaria una señal clara de que la salud y la educación son verdaderamente una prioridad, no dando un bono (el Juana Azurduy) que en nada cambia la realidad de las mujeres muertas como consecuencia de un embarazo, ni otro bono (el Juancito Pinto) que tampoco cambia como por arte de magia la calidad de la educación.

*) Rosario Baptista es abogada.


ANALIZAR EL INFORME DE “SAVE THE CHILDREN”, QUE SITÚA A BOLIVIA COMO EL SEGUNDO PEOR PAÍS DE AMÉRICA LATINA PARA SER MADRE, ES IMPERATIVO SI SE QUIERE REVERTIR LA SITUACIÓN.

54 % de la población mundial vive en zonas urbanas, de acuerdo a datos de la UNFPA. La proyección es que esta proporción aumentará al 66% para 2050.
Mas de 860 millones de personas, un tercio de los residentes urbanos, en los países en desarrollo viven en asentamientos informales.
En las ciudades alrededor del mundo, los niños urbanos más pobres tienen al menos el doble de probabilidades de morir que los niños urbanos más ricos.
En América Latina y el Caribe, más de la mitad de todas las muertes infantiles ocurren en áreas urbanas. Y un número cada vez mayor de mujeres crían a sus hijos en áreas urbanas
http://m.lostiempos.com/oh/actualidad/actualidad/20150516/bolivia-mal-lugar-para-ser-madre_301832_667143.html#sthash.Pp2cx2IE.dpuf

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sábado, 18 de julio de 2015

BOGOTA: DENUNCIA Y RECHAZO ANTE DETENCIONES ARBITRARIAS




PRONUNCIAMIENTO

DENUNCIA Y RECHAZO ANTE LAS DETENCIONES ARBITRARIAS DE DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y LIDERES SOCIALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)[1], red feminista regional, con estatus consultivo ante la ONU, la OEA y la UNESCO, presente en Colombia y en catorce países de la región, denunciamos la grave detención de Paola Andrea Salgado, reconocida feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, junto a Lorena Romo y Liceth Acosta, activistas estudiantiles, así como otros compañeros pertenecientes a movimientos sociales fueron detenidos el pasado 8 de julio en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Denunciamos que estas detenciones violan la libertad de asociación, protesta, expresión social y el derecho a defender los derechos humanos en Colombia. Están encaminadas a perseguir y criminalizar la protesta social, la libertad de expresión y a obstaculizar la defensa de los derechos humanos y búsqueda de una salida negociada del conflicto armado interno en el país.
Ponemos de manifiesto que en los pronunciamientos públicos emitidos por la Presidencia de la República, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, se ha violado la presunción de inocencia, señalando a las personas detenidas por supuesta responsabilidad en los atentados ocurridos recientemente en la ciudad de Bogotá.
Dejamos constancia que las personas detenidas son mujeres y hombres[2] que con su trabajo y compromiso han aportado a la defensa de los derechos humanos en el país y en la construcción del movimiento social y político, que contribuye a la apuesta decidida de la paz con justicia social.
Nos solidarizamos con PAOLA ANDREA SALGADO PIEDRAHITA, mujer, feminista, abogada de la Universidad Nacional de Colombia, articulada al movimiento social de mujeres que con su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el campo del litigio ha contribuido a garantizar la vida y la salud de las mujeres. Manifestamos nuestro profundo rechazo al infundado y erróneo manejo de las informaciones que se han dado sobre su persona y los señalamientos injustificados realizados en su contra por parte de varios medios de comunicación.
El Estado Colombiano de manera reiterada ha incumplido las observaciones y recomendaciones, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de los Comités monitores de derechos humanos de la ONU sobre el patrón de persecución, hostigamientos y falta de garantías para la defensa de los derechos humanos en Colombia, haciendo un llamado al cese a las graves violaciones y que se ofrezcan las debidas garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en el país.
Ante esta grave situación exigimos:
  • Que el Estado colombiano garantice la inmediata libertad de las personas detenidas arbitrariamente, garantice el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas sindicadas.
  • Que el Estado colombiano reconozca la condición de defensoras/es líderesas/es sociales de las personas del movimiento social, cuyas actividades son legítimas y legales.
  • Que el Estado colombiano ofrezca las debidas garantías a la participación política, el ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión.
  • Que el Estado colombiano, cese toda forma de hostigamiento y criminalización a las/os defensoras de derechos humanos.
  • Que los medios de comunicación que difundieron información que atenta el principio de presunción de inocencia al presentar a las personas detenidas como culpables, publiquen las debidas rectificaciones y se limiten a informar sin emitir juicios de valor.
CLADEM Argentina
CLADEM Bolivia
CLADEM Brasil
CLADEM Colombia
CLADEM El Salvador
CLADEM Honduras
CLADEM México
CLADEM Paraguay
CLADEM Perú
Asociación Aurora Vivar, Perú
Casa de la Mujer, Santa Cruz, Bolivia
Católicas por el Derecho a Decidir, Perú
Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Honduras
Centro de la Mujer Peruana "Flora Tristán", Perú
Centro de Estudio para la defensa de los derechos de la mujer (DEMUS), Perú
Colectivo Rebeldía, Bolivia
Colectivo nacional Colombia de REPEM
Flora Tristán CMP, Perú
Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera. CEMUJER, El Salvador
ILSA, Colombia
Oficina Jurídica de la Mujer, Bolivia



[2] PAOLA ANDREA SALGADO PIEDRAHITA (33), feminista, joven abogada de la Universidad Nacional de Colombia, defensora de Derechos Humanos y derechos de las Mujeres, LICETH JOHANA ACOSTA (21) estudiante de la Universidad Pedagógica y defensora de los derechos de las mujeres, STEFANY LORENA ROMO MUÑOZ (23) politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y activista del movimiento estudiantil y lideresa barrial, SERGIO ESTEBAN SEGURA GUIZA (27) Comunicador Social de la Universidad Cooperativa de Colombia, HEILER LAMPREA (25) Estudiante de último semestre de Licenciatura en Filosofía y representante al Consejo Superior Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional, VÍCTOR ORLANDO ARIZA GUTIERREZ (21) estudiante de Geografía y Representante Estudiantil al Comité de Resolución del Conflicto de la Facultad de Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, DANIEL EDUARDO HERNÁNDEZ MUÑOZ (23) estudiante de séptimo semestre de la Licenciatura de Filosofía de la Universidad Pedagógica de Colombia y es activista social, LUIS DANIEL JIMENEZ CALDERON (34) Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional y representante de la Corporación Arando, ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PARRA (23) Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y líder estudiantil, GERSON ALEXANDER YACUMAL RUIZ (27), estudiante de último semestre de educación comunitaria y defensor de los derechos humanos del sector juvenil, JHON FERNANDO ACOSTA (19) estudiante de la universidad pedagógica de la licenciatura en Artes escénicas y defensor de derechos humanos de las mujeres, FELIX MAURICIO AUGUSTO GUTIERREZ DIAZ (25) estudiante de Licenciatura en Filosofía de la universidad pedagógica nacional y defensor de los derechos humanos.  

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