Los avances para lograr la igualdad de género y garantizar el pleno
ejercicio de los derechos para las mujeres y las niñas en América Latina y
Caribe, no se han traducido en mejoras vitales y cotidianas; la desigualdad y el
machismo siguen en pie.
Lo más sorprendente es que se han cambiado leyes, hay programas y
políticas públicas, avances en los derechos sexuales y reproductivos, pero el
tema más atrasado es el que se refiere a la mujer y los medios de
comunicación. Por eso es lento el cambio de actitudes y la necesaria
revolución cultural.
Así lo da a conocer el informe
"A 20 años de la Plataforma de Acción de
Beijing: objetivos estratégicos y esferas de preocupación", realizado por el
Comité de ONG de América Latina y el Caribe para la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer (CSW) y coordinado por la presidenta de la
Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer (Argentina), FEIM,
Mabel Bianco.
El documento que se distribuirá
en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas sobre la Mujeres (marzo 9-19) en
Nueva Cork y contó con aportes de casi 100 organizaciones feministas y de
mujeres en la región.
El texto explica que la esfera de preocupación menos
atendida por los gobiernos de América Latina y el Caribe es "La mujer y los medios de difusión", ya
que ellas no tienen acceso a la
generación de contenidos y a la toma de decisiones en los medios. Además, la
difusión de contenidos estereotipados sigue predominando fuertemente en la
región. El informe señala que "en tanto los Estados sean indiferentes a esta
situación, la desigualdad estructural en la región no podrá
eliminarse".
La esfera de "la niña" tuvo
muy pocos avances. Problemas como el aumento de embarazos en adolescentes y el
abuso sexual infantil son constantes en la región y no hay políticas claras que ayuden a
combatirlos. Además, en algunos países latinoamericanos, la edad de casamiento permitido es menor a
18 años, cuando el Comité de los Derechos del Niño plantea esa
edad.
En relación con "la mujer y la salud", persisten grandes problemas de acceso a la salud
sexual y reproductiva, sobre todo para mujeres indígenas, afrodescendientes,
adolescentes, mujeres con capacidades diferentes, migrantes y las que viven con
VIH.
Varios países han
implementado planes y programas específicos de salud sexual y salud reproductiva
desde el año 2000, como Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, México, Nicaragua y República Dominicana. Sin embargo, no se logra una cobertura
integral y homogénea al interior de cada país.
La mortalidad materna no ha
disminuido, según las
metas propuestas, y la mayoría de esas muertes son evitables. En Brasil, Perú y Nicaragua, la tasa
continúa alta. En la mayoría de las
naciones no disminuyó ni logró reducirse en dos tercios, como era el propósito
para 2015. El menor logro se registró en Argentina y México, mientras que
Uruguay, Puerto Rico y Chile consiguieron descenderla.
Las restricciones al acceso al aborto permitido
por la ley continúan e incluso en algunos países se restringió más el acceso al
aborto. En Chile, Nicaragua,
Honduras, El Salvador y República Dominicana la interrupción del embarazo está
prohibida en todas las circunstancias.
En México, en muchas de las
entidades federativas, hubo cambios desfavorables después de la legalización en
el Distrito Federal en 2007. En algunos países se eliminaron algunas causales de
su despenalización, como en Guatemala y Ecuador.
El éxito más importante en la
región es el de Uruguay, que en 2012 modificó el marco legal, amplió la exención
de la pena hasta las 12 semanas de gestación y generó servicios legales de
aborto en el sistema nacional integrado de salud. Puerto Rico, Cuba, Guyana Francesa, Guyana
y Barbados son los únicos países de la región donde el aborto está legalizado en
todas las circunstancias.
Adicionalmente, han aumento los casos de mujeres que viven
con VIH. Las adultas representan el
31 por ciento de las personas viviendo con VIH, indicador que en el Caribe
asciende a 53 por ciento.
La "violencia contra mujeres
y niñas" persiste como un problema en aumento. La
mayoría de los países tiene legislación que reconoce la violencia contra las
mujeres. Sin embargo, muchas de las
definiciones sobre violencia que establecen no concuerdan con la Convención de
Belem do Pará, que define violencia contra la mujer como cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el
privado.
La tipificación y
homologación del feminicidio sigue siendo un desafío, pese a que América Latina
es la segunda región con índices más altos de muertes de mujeres por violencia,
tanto en el ámbito rural como en el urbano.
En Centroamérica y México el
feminicidio se ha incrementado: entre 2003 y 2012 hubo 12.178 casos en
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Tan
solo en El Salvador se reportan 194 crímenes de mujeres en 2004 y en México se
contabilizaron 1.221 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 12 entidades
del país, entre 2007 y 2008.
El
acceso a la justicia es una deuda en los países de la región, para las mujeres
que viven y padecen violencia. Pese a los avances legislativos, en la
realidad no tienen garantizada la reparación y castigo a los culpables. México y
Guatemala han sido denunciados por eso ante el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos.
La trata con fines de explotación sexual se ha
incrementado. En República Dominicana se estima que en los últimos 20 años se
han traficado más de 70.000 mujeres.
En cuanto a la esfera de "mujer y pobreza", si bien
ha disminuido en los países de la región, no ocurre lo mismo con la
desigualdad. La participación laboral de las mujeres continúa siendo en el
sector informal, en trabajos precarios, mal pagados y sin cobertura de la
seguridad social, con un gran predominio en el trabajo doméstico. La brecha
salarial entre mujeres y hombres persiste.
El documento asegura que, en
ningún caso, se advierte una
preocupación explícita por la dimensión e impactos de género de las medidas
adoptadas y la feminización de la pobreza sigue creciendo.
Según cifras de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) de 2013, la pobreza se incrementó en los
hogares con jefas mujeres: 43 por ciento de los hogares indigentes y 38 por
ciento de los hogares pobres en América Latina están a cargo de una mujer.
El reto es instrumentar
políticas públicas que apunten a asegurar la autonomía económica de las mujeres
y a implementar acciones respecto al tema de la distribución desproporcionada
del uso del tiempo y trabajo de cuidado.
Respecto a "educación y
capacitación de la mujer" en zonas urbanas y rurales, las indígenas tienen menor porcentaje de
finalización de la educación primaria, excepto en Uruguay en las zonas
rurales. Hacia 2010, en República Dominicana, Antigua y Barbuda y San Vicente y
las Granadinas persistían disparidades de género significativas en relación con
la menor escolarización primaria de las mujeres.
Si bien se han reducido las tasas de analfabetismo en la región,
esta sigue siendo una de las situaciones de exclusión más graves que aún
afrontan las sociedades. Bolivia es el país con mayor desigualdad de
analfabetismo según género.
Sobre educación terciaria y
superior, solo Argentina, República Dominicana y Uruguay aportan datos de los
últimos cuatro años sobre la terminación del ciclo superior. En estos tres
países las mujeres superan a los hombres en culminación del nivel
terciario.
En cuanto al tema "mujer y conflictos armados", hay
que recordar que en América Latina surgieron diferentes conflictos armados en
Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Perú y Colombia. Esto exacerba la
violencia de género, amplificando su impacto diferenciado en la mujer y
recrudeciendo su situación de discriminación. La violencia sexual como táctica de guerra
también ha estado presente en la región, particularmente contra mujeres
indígenas.
Además, el contexto regional de
inseguridad, militarización y debilitación del Estado, con la protección e
impunidad del narcotráfico, las corporaciones y los paramilitares, aumentó la
vulnerabilidad de los derechos humanos de las mujeres, que corren el riesgo de
sufrir amenazas y ataques violentos.
En México, la lucha contra el
crimen organizado ha incrementado la violencia contra ellas y ha generado
desplazamientos internos que las afectan de manera
particular.
"La mujer y la economía" es
otra esfera de preocupación. En la última década, las
mujeres elevaron su participación laboral, pero persisten las brechas de género
estructurales en el mercado laboral. La tasa de desocupación sigue siendo mayor.
El trabajo de las mujeres aún se concentra en los servicios y el comercio y
tienen los menores niveles de productividad, ingresos y protección
social.
En materia de servicios de
cuidado, ha crecido la discusión sobre su extensión, en particular de cuidado de
niños y niñas. Los países más avanzados son Uruguay, Costa Rica y
Ecuador.
Respecto a "la mujer en el ejercicio del poder y la
adopción de decisiones", la participación femenina en la vida política y en
el acceso a los cargos públicos ha aumentado considerablemente en los últimos
años.
En el caso de los poderes
legislativos, se observa un avance notable en su participación política. Sin
embargo, la paridad sigue pendiente por las dificultades para la plena
implementación del cupo, debido a diversas barreras culturales, sociopolíticas y
regulatorias.
Este principio fue incorporado
en la Constitución de Bolivia (2009), en Ecuador (2008), en el Código Electoral
de Costa Rica (2009) y en la Constitución de México (2014), donde ya 11
entidades federativas incluyen la paridad en sus marcos electorales
estatales.
En lo que se refiere a los "mecanismos institucionales para el
adelanto de la mujer", la realidad en la región muestra que las jerarquías y rangos de estos mecanismos
institucionales han sido diversos y no tienen suficiente fuerza para incidir en
políticas públicas a favor de la igualdad, además de que cuentan con poco
presupuesto para funcionar adecuadamente.
Los avances en la región
respecto a "los derechos humanos de la mujer" no se traducen en mejoras en la
vida cotidiana. Todos los países de América
Latina y el Caribe ratificaron tanto la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), como la Convención de
Belém do Pará.
Pero los mecanismos de
implementación de esos documentos rectores aún son escasos. En general, los
avances más notables han sido, sobre todo, las leyes integrales de violencia
contra las mujeres y la creación de mecanismos judiciales o
extrajudiciales.
La situación de las personas defensoras de
derechos humanos muestra que las mujeres son más propensas a sufrir amenazas,
muertes y tentativas de muerte, especialmente en Colombia, México, Guatemala,
Brasil, Honduras y Perú.
Finalmente, en lo que se
refiere a la esfera "la mujer y el medio
ambiente" el informe señala que, pese al rol clave que ellas desarrollan en
la gestión del agua, la perspectiva de
género sigue ausente de las legislaciones, las políticas públicas y los
programas relacionados con los recursos hídricos.
En pocos países de la región se
han adoptado estrategias nacionales de desarrollo sustentable, en los que la
transversalización de género está casi ausente, con excepción de Costa Rica,
Uruguay y México.
Este informe refleja lo
observado por las organizaciones de mujeres y feministas, que se traducirá en
recomendaciones como una contribución para los debates de la sesión de la CSW en
marzo de 2015. Allí, además de los problemas visibilizados en Beijing en 1995,
se agregarán otros que urge considerar de cara a la agenda de desarrollo
posterior a 2015
Ciudad de México, febrero (SEMlac)
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